Piden prohibir exportación de productos de tiburones bajo amenaza de extinción desde Costa Rica.

por | Jun 24, 2024

Se aduce incumplimiento con sentencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia por las autoridades competentes.

(24 de junio, 2024 – San José, Costa Rica).  El abogado Walter Brenes, de Energy Law Firm, solicitó el pasado jueves 20 de junio al Tribunal Contencioso Administrativo que suspenda de manera inmediata toda exportación de productos de especies de tiburones incluidas en el Listado de Especies de Vida Silvestre Marino Costeras en Peligro de Extinción o Amenazadas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Hace exactamente un año, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el órgano jerárquico superior del Tribunal Contencioso Administrativo ordenó el cumplimiento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre (LCVS 7317) para la conservación de los tiburones.  La LCVS es la norma jurídica por excelencia que otorga protección legal a la fauna y flora silvestre, así como la protección estricta a aquellas especies que se encuentren en condición vulnerable y crítica, estableciendo los deberes del Estado para hacer efectiva esa tutela y sanciona la captura, tráfico y comercio de la vida silvestre, particularmente las especies incluidas en la lista de especies amenazadas del SINAC.   La misma otorga la rectoría sobre las especies amenazadas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y prohíbe la exportación de productos de especies incluidas en cualquiera de los Apéndices de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).

“El Estado y el SINAC siguen permitiendo la exportación de estos productos bajo la supuesta rectoría del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) sobre estas especies por ser de interés comercial (Decretos 4379 MINAE-MAG y 42842-MINAE-MAG), pero la Sala Primera ya sentenció que dichos actos administrativos son contrarios al ordenamiento jurídico y por ende de nulidad absoluta” denunció el abogado Brenes.  “El desacato a la sentencia ha resultado en un detrimento sostenido de las poblaciones de tiburones amenazados que se explotan en Costa Rica, lo cual es contrario al Principio Precautorio, consagrado en nuestra constitución, y al Principio de Jerarquía Normativa, donde un decreto jamás puede afectar una ley” aseguró.

El grave daño se encuentra evidenciado en el Informe:  Exportación de productos de tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) y tiburones zorro (Alopiidae) desde Costa Rica, entre julio y diciembre 2023.  Según este informe, entre julio y diciembre del 2023, y luego del pronunciamiento de la Sala I, se exportaron 270 toneladas de carne de tiburón sedoso para un valor de US$680,000.00, 26.3 toneladas de aletas de aletas de tiburón sedoso para un valor de US$2,801,000.00, y 2.6 toneladas de aletas de tiburón zorro para un valor de US$131,600.00.  Todas estas exportaciones se realizaron bajo la autorización de INCOPESCA que carece de rectoría alguna sobre el tema, según la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de especies en peligro de extinción reconocidas como tal por el Estado costarricense.

“Encontramos muchas irregularidades en las gestiones oficiales que se realizan para exportar productos de tiburones amenazados desde Costa Rica”, denunció Elpis Chávez de CREMA Costa Rica y autora principal del informe supra citado.  “Permisos de exportación CITES firmados por INCOPESCA, Permisos de Exportación para tiburones martillo en tránsito, y la existencia de más de 60 aranceles que describen productos de tiburones que no requieren permiso CITES de exportación, todo contrario a la LCVS y por tanto de la sentencia de la Sala I,” concluyó.

Desde el 2017 hemos denunciado hasta la saciedad que la declaratoria mediante decreto de los tiburones amenazados como especies comerciales fue un acto ilegal para evadir el deber del Estado de hacer cumplir la LCVS para favorecer a la industria pesquera, y efectivamente, desde hace ya un año que la Sala I de la Corte Suprema de Justicia nos dio la razón”, expresó Randall Arauz, de la organización internacional Marine Watch International.  “Es una hipocresía que Costa Rica pretenda ahora liderar procesos globales de conservación marina, cuando a la vez las autoridades competentes desacatan las órdenes de la Corte Suprema de Justicia e incumplen nuestras propias leyes de conservación de vida silvestre para favorecer intereses pesqueros”.

El Tribunal Contencioso Administrativo otorgó al Estado 3 días hábiles para responder.

Para más información:

Randall Arauz
Marine Watch International
rarauz@marinewatch.org | +506 8708 8253

Walter Brenes
Energy Law Firm
wbrenes@elawf.com | +506 8995 3068

Elpis Chávez
CREMA
echavez@cremacr.org | +506 6327 5609