March 23, 2011 – San José, Costa Rica

Today at 5:00 pm, the court will resolve on the case of the Taiwanese Captain accused of shark finning.

During the conclusions, the Public Ministry requested a year of prison against Tsa Yu Yen, a 3 million colon fine (US$6,000) and the decommission of the Belize flagged vessel.

Furthermore, the court could seize the 16 million colones ($32,000) produced by the sale of the confiscated products to Mariscos Wang.

The defense lawyer, Victor Herrera, indicated to the Court that the felony shouldn’t be considered environmental, but penal.  The Costa Rican non profit organization Pretoma, expects the sentence to congruent with article 139 of the Fishery Law.

“This is certainly an environmental felony, particularly because the vessel was clearly finning shark”, declared Jorge Ballestero, Vicepresident of Pretoma.

The Association of Fishermen of the Pacific consider that this case must be trialed with severity, otherwise, a loophole will be opened to continue the criminal act of shark finning in Costa Rica.

The trial is being held in the Court of Puntarenas.

Este miércoles, a las 5 de la tarde, se dictará la sentencia en contra el capitán de la embarcación taiwanesa acusado por el delito de aleteo de tiburones.
Durante la etapa de conclusiones, el Ministerio Público pidió un año de prisión contra Tsa Yu Yen, una multa de 3 millones de colones y el decomiso del barco de bandera de Belice.
Además, incautar 16 millones de colones, de una venta que realizó INCOPESCA a la empresa de Mariscos Wang.
El abogado de la defensa, Víctor Herrera, indicó al tribunal que este delito no es ambiental sino penal.
La organización ambientalista, PRETOMA, espera que esta tarde se dicte una sentencia de acuerdo al artículo 139 de la Ley de Pesca.
“Por supuesto que aquí se trata de un delito que pone en peligro el ambiente y particularmente al haberse dado aleteo de tiburones, esta actividad ilícita afecta en gran medida a las poblaciones de tiburones”, declaró Jorge Ballestero, Vicepresidente de PRETOMA.
La Asociación de Pescadores del Pacífico, consideran que este caso debe ser condenado con las máximas medidas que permite las leyes nacionales.
De lo contrario sería un portillo para continuar con el crimen de tiburones en las aguas costarricenses.
El juicio por flagrancia se realizará en los Tribunales de Puntarenas.